Aclaraciones sobre jardin maternal

11/10/2018

En relación a declaraciones realizadas ante medios de comunicación por el Sr. Ramiro Ibarra es necesario aclarar la posición de nuestro bloque y concejo frente a la falta de finalización de la Obra Jardín Maternal de Lago Puelo

 

Obra Jardín Maternal Lago Puelo. “Mejor que decir, es hacer” “Dentro de la Ley Todo”
El Jardín Maternal de Lago Puelo es una Obra que todos los ciudadanos , más allá de cualquier
bandería , hemos impulsado y sostenido a lo largo de los años.
Lamentablemente desde el año 2011 a la fecha esta Obra ha tenido múltiples dificultades e
irregularidades, habiéndose firmado convenios entre la Provincia y el Municipio en cuatro
oportunidades. En la actual gestión, en el año 2016, ratificamos desde el Concejo Deliberante por
unanimidad un convenio ampliatorio de los montos para finalizar la Obra y cerrando el año 2018,
todavía está inconclusa.
Cuando se realizó la sesión especial para la ratificación del cuarto convenio con Provincia para
finalizar la Obra Jardín Maternal Etapa II y III, no hubo quórum por ausencia de la mayoría de los
Concejales, pero nuestro bloque FPV estuvo presente y sesionó en minoría, expresando la
voluntad de resolver sobre la finalización del Jardín Maternal en forma urgente.
En función de ello, desde nuestro Bloque FPV – PJ , acompañamos hace veinte días, la Ordenanza
de Cancelación de Deudas del Banco con el Municipio por 1.200.000 Pesos, imputando la totalidad
de los Fondos a la finalización del jardín maternal.
El Ejecutivo Municipal cuenta con los fondos para la realización de la Obra y cuenta con el aval del
conjunto de los Concejales para la finalización de la misma. Lo que no estamos dispuestos es
avalar el incumplimiento de las normativas referidas a Ley de Contabilidad y obra Pública, ni a
dejar de lado el dictamen del propio asesor legal del Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
Por ese motivo en el día de hoy se ha presentado la correspondiente denuncia a la Oficina
Anticorrupciión de la Provincia con la firma de cuatro Concejales de la localidad, cuya copia
adjunto en la presente.
No hay ningún obstáculo para la finalización del Jardín Maternal, es el Ejecutivo quien tiene la
potestad de realizar las acciones tendientes a su terminación, así como del resto de las Obras
paralizadas o a medio terminar de los Fondos asignados por la Ley VII 72 y que hasta la fecha no
han rendido cuentas en la Comisión de Seguimiento de la Obra pública creada por Ordenanza
35/17.
Quien está trabando las Obras es la propia decisión del Ejecutivo que especula con la finalización
de las mismas en un año de campaña y no los Concejales o el FPV.PJ que hemos dado muestras de
acompañar toda obra o emprendimiento beneficioso para el conjunto dela Comunidad, ejerciendo
una oposición firme, responsable y con propuestas.

CONCEJAL Alejandro MARQUÉS FPV.PJ

 

 

FORMULA DENUNCIA.

Al Fiscal Anticorrupción de Chubut.
Dr. Guillermo Hansen.
S—————-/——————D
De mi mayor consideración:

Alejandro Marqués, Marta Rodríguez, Armando palma y Julián

Cayún, en nuestro carácter de Concejales, nos presentamos y decimos:
I.- OBJETO: Que con base en lo establecido en el artículo 3º de la Ley I – Nº 267,
vengo a formular denuncia para que se sirva realizar investigación preliminar de los hechos
realizados por los agentes públicos que a continuación se relatan, a fin determinar si han
sido cometidos actos que puedan ser calificados como delitos contra la administración
pública.
II.- HECHOS:
Que para la ejecución de las obras cuya financiación fue acordada en el Convenio
suscrito entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Lago Puelo
para la “Ejecución de Jardín Maternal Segunda y Tercera Etapa”, el Ejecutivo Municipal
convocó el Concurso Privado de Precios 06/17 mediante la Resolución 973/17. En el mes
de agosto del 2017 mediante Resolución del Ejecutivo fue adjudicado el mentado concurso
a la empresa S.D. Constructora y, en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación
vigente en la materia, las actuaciones fueron remitidas al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, que inició en consecuencia el Expediente 37507/2017. A fs. 91 a 94 de estos
actuados, los técnicos del Tribunal de Cuentas formularon diversas observaciones al
procedimiento de selección llevado a cabo por el Municipio, y concluyeron que antes de
proceder a la adjudicación del concurso el Municipio debía requerir a los participantes la
subsanación de omisiones que impedían comparar las ofertas y determinar cuál resultaba
mejor. Sin embargo, el Ejecutivo Municipal, por Resolución 315/18 resolvió dejar sin
efecto el concurso de precios 06/17 y mediante Resolución 316/18 dispuso que la obra
fuera ejecutada por administración, desechando de este modo las ofertas recibidas dentro
del concurso sin siquiera intentar subsanar las omisiones que le señalara el Tribunal de
Cuentas. He aquí la primera vulneración a la legislación vigente: el artículo 85 de la Ley de
Corporaciones Municipales dispone que es necesaria autorización del Concejo Deliberante
para desechar las ofertas y proceder a la ejecución de la obra por administración.
En cumplimiento de la Resolución 316/18 el Ejecutivo Municipal contrató en forma
directa los servicios de las empresas S.D. Servicios, CUIT 20352774880, preadjudicataria
del concurso que fue dejado sin efecto, y Carlos Gabriel Aguilar, CUIT 20231147277, que

no había siquiera participado del referido proceso de selección. He aquí la segunda
transgresión a la normativa por parte del Ejecutivo Municipal: a fin de eludir el control
previo del Tribunal de Cuentas y la realización de los procesos de selección ordenados por
la Ley I-11 (artículos 7º y 65º) y Ley II-76 (artículo 94º y siguientes), de conformidad con
los montos a contratar, se realizó un desdoblamiento indebido de la obra: lo que en el
llamado a concurso 06/17 conformaba una unidad inescindible, se dividió primero en
materiales y mano de obra, y la mano de obra en tres “etapas” ficticias al solo fin de que los
contratos de locación de servicios a celebrarse con las empresas pudieran, por su monto,
eludir la aplicación de las normativas referidas. Es así que lo que en el llamado a concurso
06/17 (mano de obra con provisión de materiales) fue cotizado por un total de $
1.076.876,96, resultó fragmentado en tres contratos que sólo por mano de obra, sin
provisión de materiales, insumieron una suma cercana al $ 1.000.000, según el siguiente
detalle: contrato de fecha 04 de mayo de 2018., celebrado con la empresa S.D. Servicios,
CUIT 20352774880, por la suma de $ 300.000, avalado por Resolución 596/18; contrato de
fecha 28 de marzo de 2018, celebrado con la empresa Carlos Gabriel Aguilar, CUIT
20231147277, por la suma de $ 300.000, avalado por Resolución 370/18; y contrato de
fecha 31 de mayo de 2018, celebrado con la empresa S.D. Servicios, CUIT 20352774880,
por la suma de $ 399.972, avalado por Resolución 774/18. Se advierte entonces que en
contravención a la doctrina fijada por el Tribunal de Cuentas sobre desdoblamiento de
obras, el Ejecutivo Municipal fragmentó lo que en el llamado a concurso 06/17 era una
unidad con el solo propósito de eludir los procedimientos vigentes en la obra pública, lo
que dio lugar a la contratación directa por casi $ 1.000.000.
Asimismo, y como los contratos celebrados expresamente excluían la provisión de
materiales, el Ejecutivo procedió a realizar compra directa de éstos en un corralón de la
zona, concretando la tercera transgresión a las normas que rigen en la materia: la partida
presupuestaria destinada a solventar la obra contaba con un total de $ 1.076.876,96, de los
que casi $1.000.000 fueron destinados a pagar los contratos celebrados con la empresa S.D.
Servicios y el Sr. Carlos Gabriel Aguilar, de modo que, ante el agotamiento de la partida
presupuestaria correspondiente a la obra, el Ejecutivo recurrió al endeudamiento con el
proveedor de los materiales sin contar para ello con el aval del Concejo Deliberante. Esto
en franca transgresión a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley I-11 y artículos 34, 48 y
concordantes de la Ley de Corporaciones Municipales.
Finalmente, y según surge de la documentación revisada y dictamen del Asesor
Legal del Ejecutivo Municipal, los Sres. Antú Godoy y Erica Mariana Machelett adeudan
al municipio, en conjunto, la suma aproximada de $ 200.000 por anticipos financieros
correspondientes a contratos celebrados para la ejecución de la obra “Jardín Maternal
Segunda y Tercera Etapa”, sin que a la fecha el Intendente haya iniciado las acciones
tendientes a recuperar dichos importes, lo que importa un claro incumplimiento de los
deberes a su cargo.

Por lo expuesto se solicita al Sr. Fiscal la investigación preliminar de lo sucedido en
orden a determinar la existencia de delitos en ejercicio de la función pública.
III.- PRUEBA:
1.- Copia Resolución 973/17.
2.- Copia Resolución 315/18.
3.- Copia Resolución 316/18.
4.- Copia contrato de fecha 28 de marzo de 2018, celebrado con la empresa Carlos
Gabriel Aguilar.
5.- Copia contrato de fecha 31 de mayo de 2018, celebrado con la empresa S.D.
Servicios.
6.- Copia Resolución 774/18.
7.- Copia Resolución 370/18.
8.- Copia dictamen Asesor Legal del Ejecutivo Municipal.
IV.- PETITORIO:
a.- Tenga por formulada denuncia, por acompañada la prueba y proceda, en
consecuencia, a realizar investigación preliminar encaminada a determinar si los hechos
relatados constituyen delitos contra la administración pública.
b.- Proceda a denunciar ante el Poder Judicial los hechos que, como consecuencia
de las averiguaciones practicadas pudieran calificarse como delitos.

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